Maclane-Ocampo, una revisión

                                    I

Cuando los detractores del Presidente Juárez utilizan el Tratado McLane-Ocampo para descalificar su gestión, lo hacen como si dicho acuerdo hubiera surgido de la nada, por pura ambición o falta de patriotismo, y no toman en cuenta el contexto en el que ocurrió.

Vale recordar lo que sucedía entonces. A lo largo del decenio de 1850, el gobierno de Estados Unidos mantuvo sus deseos de adquirir derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec.

Para 1853, durante la presidencia norteamericana de Franklin Pierce, el gobierno de México reconoció una concesión previa para la construcción del ferrocarril de Tehuantepec, aunque esta no logró concretarse.

Para diciembre de 1853, y con la finalidad de evitar un nuevo conflicto armado con los Estados Unidos, Santa Anna firma el Tratado de la Mesilla, que cede la soberanía de esa franja de tierra a los Estados Unidos, que le permitiría la construcción de una línea ferroviaria de Nueva Orleans a San Diego.

El Tratado también autorizaba el tránsito por el Istmo de Tehuantepec, incluidas tropas y municiones, sin pago de impuestos ni necesidad de pasaporte.

Está disposición fue abrogada en 1937.

Seguirían otros intentos de los Estados Unidos para lograr acuerdos de libre comercio, cesiones territoriales y la construcción de ferrocarriles en territorio mexicano, sin que nada llegara a concretarse.

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La venta del territorio de la Mesilla, fue una de las razones que dieron origen a la rebelión liberal, cuyo objetivo principal era acabar con el gobierno dictatorial de Antonio López de Santa Ana, que en 1853 aceptó volver al gobierno si se le otorga el título de "Alteza Serenísima", y el establecimiento de un gobierno liberal "bajo la forma de República Representativa, Popular".

La nueva revolución, encabezada por Juan Álvarez, último sobreviviente de la insurgencia, promulgó el Plan de Ayutla el 1 de marzo de 1854, que en el primer artículo ordena "cesen en el ejercicio del poder Don Antonio López de Santa Anna y demás funcionarios que hayan desmerecido la confianza de los pueblos" 

Álvarez es nombrado presidente interino y asume la presidencia del 4 de octubre 1855 al 11 de diciembre del mismo año y  fue promulgada la primera de las leyes de reforma, Ley Juárez. Se convocó, luego, al Congreso Constituyente que elaboraría la nueva Constitución de la República.

Ignacio Comonfort fue designado por Juan Álvarez para continuar la Presidencia interina y más tarde, sería electo presidente Constitucional el 1 de diciembre de 1857. Como Presidente Electo Comonfort juró hacer guardar la Constitución promulgada el 5 de febrero de ese mismo año como resultado del congreso constituyente convocado por el Plan de Ayutla.

Incapaz de lograr que los conservadores respetaran el cumplimiento del nuevo marco legal, Comonfort, urdio en compañía líderes de conservadores, el Plan de Tacubaya, que otorgaba facultades especiales a Comonfort para derogar la nueva Constitución Liberal.

La renuncia de Ignacio Comonfort a apoyar el Plan de Tacubaya, hizo que los conservadores desconocieran su Presidencia  y designaran como presidente a Zuloaga el 11 de enero de 1858. Por otro lado, la Constitución de 1857 establecía que ante la ausencia del Presidente electo correspondería al Presidente de la Suprema Corte de Justicia asumir el cargo, así Benito Juárez asume el cargo y declara establecido su gobierno el 19 de enero. El enfrentamiento entre liberales y conservadores entra de lleno a la fase armada,. Es la guerra de Reforma.

                               III

Trás la toma del poder por los conservadores, el gobierno de los Estados Unidos reconoció al régimen de Zuloaga.

Este reconocimiento acabó cuando se rompen las relaciones diplomáticas y el embajador de los Estados Unidos sale del país el 20 de octubre de 1858.

Tanto el gobierno conservador como el liberal necesitaban del reconocimiento internacional para asegurar su subsistencia; para el gobierno de los Estados Unidos otorgar este reconocimiento a uno u otro dependía más de los beneficios que podía obtener que de cuestiones legales o ideológicas y lo mismo negociaba con los liberales que con los conservadores.

Para el año de 1859, la tarea central de Juárez y sus ministros fue hallar la manera de explotar la ruptura de EU con el régimen conservador y obtener el reconocimiento deseado.

Aunque el gobierno estadounidense nunca cesó en sus pretensiones de concesiones territoriales y derechos de tránsito, una de las principales razones para el reconocimiento del régimen liberal era la creciente tendencia de las potencias europeas a involucrarse más cerca en los asuntos de México. El régimen de Juárez deseaba y podía explotar estas preocupaciones.

Este es el contexto en que debe entenderse el Tratado McLane-Ocampo. El gobierno de los Estados Unidos quería la cesión de la Baja California como precio de su reconocimiento. Juárez necesitaba desesperadamente el apoyo del vecino del norte durante el primer sitio de Veracruz por parte de Miramón en junio y julio de 1859.

El Tratado, resultado de intensas negociaciones , nunca entraría en vigor, ya que no fue ratificado por el Senado de Estados Unidos ni por el gobierno de México. Juárez lo rechazó formalmente en noviembre de 1860, cuando el peligro conservador está prácticamente superado.

El Tratado fue concebido como una alianza ofensiva y defensiva; McLane trató de hacer que el Gobierno Mexicano aceptase el principio de que no había ayuda financiera sin concesiones territoriales o de tránsito.

 En vista de la firme oposición de Juárez a toda cesión de territorio nacional, McLane se limitó a la cuestión de los derechos de tránsito. Esta era también una cuestión seria para México, pero mucho mejor que la cesión de franjas del territorio del norte y toda la península de Baja California.

 Ante la creciente amenaza a Veracruz por parte de Miramón, el gobierno de Juárez optó por ceder el tránsito a través del Istmo y de desde Arizona y Texas hasta los purtos de Guaymas y Mazatlán.

El Tratado McLane-Ocampo se firmó el 14 de diciembre de 1859; permitía la intervención estadounidense para proteger el tránsito concedido pero solo a solicitud del gobierno mexicano.

Al hacer tales concesiones, Juárez y Ocampo buscaron mantener a raya la intervención directa de los Estados Unidos en los asuntos mexicanos, impedir la pérdida de territorio, mantener el reconocimiento de los Estados Unidos y,tal vez, asegurarse la ayuda financiera.

El tratado no contenía ninguna disposición para la cesión de la Baja California, Sonora o Chihuahua a los Estados Unidos.

El objetivo principal era la supervivencia del régimen liberal, y por tanto de gobierno republicano en México, la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma.

Las concesiones eran el precio que los liberales estaban dispuestos a pagar.